En una acción conjunta, el Batallón de Infantería n.22 «Batalla de Ayacucho» de la Octava Brigada del Ejército Nacional y la Policía Nacional han intervenido en zonas mineras del Oriente caldense, desmantelando una operación ilegal de extracción de oro que afectaba tanto a la economía ilícita como a los recursos naturales de la región.
La operación se llevó a cabo en la zona rural de Norcasia, departamento de Caldas, donde las autoridades, en un esfuerzo coordinado, infiltraron tres unidades de producción minera dedicadas a la extracción ilegal de oro aluvial en modalidad a cielo abierto. Estas actividades ilícitas habían dejado su huella en la región, afectando cerca de cuatro hectáreas de capa vegetal y contaminando las fuentes hídricas que desembocan en el río Samaná.
El material incautado durante la operación es impresionante e incluye dos excavadoras, 24 motobombas, 70 galones de gasolina, 1100 metros de manguera, 11 canaletas de lavado de fabricación artesanal, una clasificadora metálica, 150 galones de Acpm, 30 boquillas metálicas de presión de agua y varias herramientas. El valor estimado de este material supera los 600 millones de pesos y ha sido entregado a las autoridades pertinentes.
Se estima que estas unidades de producción ilegal estaban extrayendo aproximadamente 2.600 gramos de oro al mes, lo que se traducía en un ingreso promedio de 572 millones de pesos al mes. Esto representa un impacto significativo en las economías ilegales, incluyendo la maquinaria utilizada en la operación.
Es importante destacar que estas actividades ilegales se llevaron a cabo sin el título minero legal, como lo exige la Ley 685 de 2001, del Código de Minas. Esto no solo ha tenido consecuencias negativas para los recursos naturales, sino que también ha afectado el bienestar y la seguridad de las familias que dependen legalmente de estas fuentes hídricas en la región.
El Ejército Nacional reafirma su compromiso con la preservación de los recursos naturales renovables y seguirá llevando a cabo operaciones militares en Caldas para garantizar el cumplimiento de su misión constitucional. Esta acción unificada demuestra el esfuerzo conjunto de las autoridades para proteger tanto los intereses económicos legítimos como el entorno natural que todos debemos preservar.
